Han transcurrido cuatro años del actual gobierno y desde que inició se conoció la decisión presidencial de combatir a los criminales con abrazos, estrategia que no cambiará por nada, sino que continuaría más allá del sexenio, si la Presidencia en 2024 la ocupa uno de los favoritos del primer mandatario, de esos que lo único que han demostrado saber hacer bien, es imitarlo absolutamente en todo. Comportarse como si se tratara de él mismo.
Dicha decisión ha traído como consecuencia el desbordamiento de los grupos de criminales que se comportan como dueños del territorio mexicano y que actúan sin control, con el consentimiento de las autoridades encargadas de combatirlos o en complicidad con las mismas o con funcionados impuestos por ellos, facultados en diversas localidades del país en calidad de presidentes municipales o en otras actividades de gobierno.
Han impuesto su ley con la fuerza de las armas y con la libertad absoluta para asesinar a los desobedientes que se niegan a aceptar sus exigencias de dinero y hasta de propiedades, de manera continua. A cambio de esa libertad, operan en campañas, a conveniencia del gobierno, para intimidar a los enemigos políticos que pueden arribar a los cargos en disputa e imponer al que el partido en el poder desea.
Esta situación ha despertado inquietud traducida en una gran preocupación en los habitantes del vecino del norte, Estados Unidos, y en las personas que allá detentan diversos poderes, porque han observado que las hordas mexicanas del crimen han invadido grandes espacios de su territorio y los han llenado de enervantes asesinos, como el fentanilo, que está dejando un promedio de 100 mil muertos cada año, por sus efectos letales.
Esa preocupación ya dio visos de querer entrar en acción, para frenar el arribo de la droga. Desde que Donald Trump gobernó, amenazó, primero, con levantar un muro a lo largo de la extensa frontera. Luego, con declarar los cárteles mexicanos organizaciones terroristas, lo que permitiría a sus soldados entrar a nuestro país, a realizar una búsqueda intensa, para menguar las crecidas, envalentonadas y extendidas agrupaciones de la droga.
Esa idea volvió a ocupar las discusiones de procuradores de justicia de 21 estados, quienes pidieron al presidente Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, reconocer a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Hay que recordar que Biden buscará la reelección en 2024, mismo año en que en México termina el mandato del actual Presidente. Si considera que la declaración de terrorismo puede coadyuvar en la aceptación de los norteamericanos de su figura, para ganar la reelección, seguramente abordaría el tema, con las discusiones y acuerdos que conllevaría.
La petición no es nueva. Ha sido considerada desde otros tiempos. El caso es que ahora, las agrupaciones de la droga en México han crecido como jamás y cada día se tornan más amenazantes, no sólo para nuestro país, que las tiene que soportar con la complacencia de las autoridades, sino también para Estados Unidos, que tiene el poder suficiente para menguarlas en el norte y en nuestro propio suelo. Acaban de demostrarlo con la captura de ’El Chapito’.
La decisión traería como consecuencia, serias complicaciones en lo político, en lo económico y en lo social, así como la intromisión de diversas fuerzas de Estados Unidos en México. Persecuciones validadas por el conocimiento pleno de las operaciones de los cárteles mexicanos, observados desde hace mucho tiempo a través de sofisticados mecanismos modernos, incluidos satélites.
La petición crece. Hoy, además de los procuradores se añadieron gobernadores y elementos de la Cámara de Representantes, que demandan con urgencia un plan antidroga para aminorar la muerte de los consumidores y que incluya la declaración de terrorismo en el país que hace llegar los estupefacientes.
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