El pasado jueves 17 congresos estatales aprobaron la reforma para que las Fuerzas Armadas continúen laborando en temas de seguridad pública hasta 2028; ahora el Congreso de la Unión podrá emitir la declaratoria de reforma constitucional.

Los Congresos estatales que aprobaron la reforma fueron el Estado de México, Hidalgo, Sonora y Nayarit avalaron dicha reforma constitucional; anteriormente ya había sido aprobada en Oaxaca, Ciudad de México, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Tlaxcala, Michoacán, Tamaulipas y Campeche.

Luego de que fue aprobada la reforma por los congresos locales, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Senado deberá emitir una declaratoria de reforma constitucional para así lo envíen al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma modifica el artículo quinto transitorio del decreto con el cual se plasmó en la Constitución la creación de la Guardia Nacional, el cual establece que extenderán nueve años la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto que la nueva corporación de la Sedena desarrolla su estructura y capacidades.

Los nueve años concluirán en 2028, debido a que el decreto entró en vigor en 2019 cuando se votó a favor de la Guardia Nacional y, en primer momento, marcaba el fin en 2024; en todo el tiempo que resta, el Presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas.

Desde el 2023, el Ejecutivo tendrá que establecer un fondo permanente de apoyo a las entidades y a municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Estos recursos se establecerán de forma separada e identificable respecto a cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos.

Además, el Ejecutivo federal deberá presentar al Congreso de la Unión cada semestre un informe sobre su facultad de disponer del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y proporcionará los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos; además, deberá corroborar el respeto a los derechos humanos, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.Con información de Yared De La Rosa | FORBES