Dado que el ámbito fiscal no es estático, un pacto fiscal orientado a la protección de los derechos puede contener normas sobre progresividad, en virtud de las cuales se destine una contribución pública marginal creciente a la protección social y al combate de la pobreza.

Ricardo Bielschowsky (1949- ) Economista brasileño.

El llamado pacto federal se entiende como un acuerdo de igualdad, mediante el cual se les otorga soberanía a los estados, pero que, a su vez, reconocen a un gobierno Federal de la República como representante. Es decir, está prácticamente determinado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

El Pacto Federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, nunca para perpetuar contrastes y rezagos. Ello exige avanzar a un federalismo que sea un eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades. Este Plan reconoce que todos los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los órganos del Gobierno Federal deben asumir corresponsablemente los programas y acciones para equilibrar recursos y oportunidades, a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios.
El esquema de recaudación fiscal de nuestro país se concentra en una gran bolsa de recursos, que el Gobierno Federal puede integrar con todos los impuestos y los derechos que son participables por parte de los estados, el gobierno de la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Es así que la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación regula las relaciones entre la hacienda pública federal con las locales, lo que se traduce en una relación multijurisdiccional, que es la que determina las reglas para que la autoridad central transfiera los ingresos a los dos niveles de gobierno.

Este esquema de distribución fiscal, resultado de gobiernos que históricamente han centralizado la recaudación y decidido su distribución, tiene que ser modificado ante una nueva realidad política, pero sobre todos, por un contexto económico y social que exige una distribución más justa y equitativa que sea parte fundamental del desarrollo regional, ante las tendencias globalizantes del mercado, debemos de impulsar de manera simultánea el desarrollo regional, estatal y municipal.
Es inequitativo que del 100 % de los impuestos recaudados, para el presupuesto de 2021, por 6.3 billones de pesos, solamente el 11 % se distribuye entre los 32 estados y un disminuido 3 % entre los 2467 municipios, que existen hasta el día de hoy (2020).

​Hay que recordar que el mismo movimiento federalista del noreste de México durante la República Centralista fue la manifestación de la inconformidad de los federalistas de la región hacia la reorganización del estado mexicano como un estado unitario a partir de la derogación de la Constitución de 1824.
​Desde la Constitución de 1824, México es, en su esencia independentista, una nación que adopta la forma de República representativa popular federal para su gobierno. Desde entonces la lucha se mantiene de una u otra forma entre quienes pretenden, por una parte, una República federalista, sustentada en las ideas liberales de la constitución y el movimiento de independencia de Estados Unidos, por otra parte, están los centralistas, quiénes si bien concebían la independencia, también buscaban una nación independiente, pero con un gobierno similar a la Corona española.

​Los centralistas, opositores a la Constitución de 1824, argumentaron que siempre habían existido las provincias con un gobierno central y consideraban que el régimen federal debilitaría a la nación, la cual necesitaba unión para hacer frente a eventuales intentos de reconquista de España. En contraparte, los federalistas, influenciados por la Constitución de Estados Unidos y por las ideas de los padres fundadores de aquella Nación, como Hamilton, Madison y Jefferson, sostenían que era el deseo y voluntad de la nación y los estados constituirse de esta forma; atribuyeron la prosperidad estadounidense a dicho régimen y achacaron el fracaso de Iturbide al intento de instaurar el Segundo Imperio.

Se puede considerar que la esencia fundamental del federalismo de Estados Unidos, promovida por los padres fundadores, nunca fue recogida realmente en México. Entre sus premisas fundamentales se encuentran la independencia y que los estados provean a su población de bienestar y satisfactores, para ello, los estados deben ser los responsables de hacer las recaudaciones, y que en esta conformación el Senado de la República sea su representante y no un instrumento del poder de la Federación.
Para próximas colaboraciones, analizaremos la ruptura de la CONAGO e incluso las amenazas de ruptura del pacto federal, recuerden que debemos de colaborar, todos juntos, como nación. Ya que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG