Para lavar dinero, Murillo Karam involucró a sus familiares y empresas fantasma


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Para lavar dinero, Murillo Karam involucró a sus familiares y empresas fantasma


La UIF detectó que una empresa de familiares del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se vio beneficiada con licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Noviembre 16, 2022 02:33 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Redaccion › Emmanuel Ameth Noticias

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que inició una investigación contra el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, así como familiares de él por posible tráfico de influencias y lavado de dinero entre 2013 y 2015.

La UIF detectó que una empresa de familiares del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se vio beneficiada con licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.

La dependencia encabezada por Pablo Gómez apuntó en el comunicado que habrían realizado "un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo’.

La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que luego de haber analizado la investigación de los Pandora Papers, pudieron detectar que la empresa ligada al exprocurador obtuvo contratos de la SCT.

Identificaron que entre 2013 y 2015 la empresa de Murillo Karam obtuvo licitaciones por parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comandada entonces por Gerardo Ruiz Esparza. En ese mismo lapso, Murillo Karam tenía como secretario particular a Gerardo Ruiz Dosal, hijo del titular de la SCT. ’Por lo que posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar’, apunta la UIF.

’En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar’, expuso la Unidad de Inteligencia Financiera.

La indagatoria realizada por la Unidad fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exfuncionario, que tiene 74 años, actualmente está en la cárcel acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa.

Murillo Karam fue procurador de diciembre de 2012 a febrero de 2015. En ese periodo de tiempo, tres empresas constructoras, Alvarga, Kuoro e Itrio, propiedad de hijos, sobrinos y parientes políticos del funcionario, ganaron contratos de obra por 4.625 millones de pesos (más de 300 millones de dólares) justo durante los tres años que él ocupó uno de los puestos más importantes en el gabinete presidencial, según desveló Mexicanos Contra la Corrupción. Las compañías multiplicaron, en ese margen, 714% sus contratos de obra pública y las tres se apagaron cuando Murillo Karam salió de la Administración.

La UIF menciona irregularidades en la constitución de una de esas empresas —no especifica el nombre— y también lagunas fiscales. ’Declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente’, se lee en el documento, que añade que ’también se identificó envió y recepción [de] recursos con empresas simuladoras’.

Por último, la unidad acusa a Murillo Karam de recibir 2,8 millones de dólares en 2017 en concepto de ’un retorno de inversión del extranjero’ y de haber colocado 26,5 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) en cuentas propias en el extranjero durante 2020 y 2021 sin haberlo declarado al fisco.Con información de Beatriz Guillén | EL PAÍS

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