Octubre 29, 2014
12:12 hrs.
Política ›
Carlos Ferreyra/ › todotexcoco.com
México, hasta ahora muy popular en el ámbito internacional, está en peligro de perder la simpatía de sus socios ocasionales, los explotadores y concesionarios de nuestras riquezas, especialmente los canadienses quienes además de agredir a nuestros connacionales con restricciones y controles más rigurosos, se dedican alegremente a la explotación de nuestros minerales.
La consecuencia del trabajo de las trasnacionales canadienses es la transformación del entorno ecológico. Las minas a cielo abierto que dejan enormes hoyos en el suelo, irrecuperables para todo uso y por las que no pagan impuesto alguno. Sí, están exentas de todo tipo de cargas fiscales, personalmente sin conocer sobre qué criterios se les otorga tal distinción.
Si recordamos nuestras leyes básicas, nos enteraremos que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación, ergo, a las mineras canadienses les entregamos recursos y bienes nacionales sin que compensen por su comercialización.
Lo mencionado explica por qué los sindicatos metalúrgicos de ese país defendieron a Napoléon Gómez Urrutia, uno de los principales beneficiarios de estas actividades y, es de suponerse, relacionado con las tareas de beneficio de las minas.
Cabe la aclaración de que Napito o “Napoleón el pequeño” como era conocido entre los senadores, fue reconocido ilegalmente como dirigente del sector minero en cuyos estatutos se precisa que para acceder a niveles de conducción sindical, se requieren cinco años de labores en el sector.
Napito nunca fue minero, se dedicaba a las finanzas. Los tiempos previos a su liderazgo era director de la Casa de Moneda, pero su padre, Napoleón Gómez Urrutia, dirigente como se acostumbra durante varias décadas, murió y el hijo sin contacto con los mineros, decidió apropiarse del sindicato nacional para lo que le habilitaron un cargo ficticio como barretero (escarbador) con salario mínimo.
Entre los beneficios con que se distingue a los empresarios mineros, se incluyen los terrenos de la explotación, uso preferente de aguas y construcción de caminos para el tránsito de sus monstruosos vehículos. No hay pago por el usufructo de las tierras que se expropian sin más a los campesinos, renglón que quedó muy claro en la nueva legislación sobre recursos naturales o Ley Energética con la salvedad de que se incluyó la letra pequeña que habla de una compensación de 3 por ciento sobre el producto en explotación.
En Guerrero, por ejemplo, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, nunca supo lo que significa la minería a cielo abierto, sus desastrosos perjuicios ambientales y el agotamiento de nuestros recursos naturales que se acaban para siempre, se los llevan y ya.
Ahora que cambiaron gobernador es posible cambiar las regla del juego, porque sólo seis de 713 concesiones mineras en el estado están en explotación. Se enfocan al saqueo de oro, plata, zinc y hierro y se encuentran en manos de la canadiense Goldcorp, de Grupo Peñoles y la Minera Farallón México, teóricamente nacional pero en manos también de los canadienses y un prestanombres.
La Cámara Minera de México en su Informe 2012, señala que en 2011 la inversión minera mundial fue de 18 mil 200 millones de dólares, pero la producción en México alcanzó los 20 mil 148 millones de dólares; 45 por ciento más que los 13 mil 900 millones de dólares que se obtuvieron durante 2010.
La inversión en el sector, 2011, fue de 5 mil 612 millones de dólares, cifra superior 69 por ciento a los 3 mil 316 millones invertidos en 2010. La diferencia es de 14 mil 536 millones de dólares a favor de las mineras. De ese tamaño es el saqueo y la depredación de los recursos naturales no renovables de la nación.
El único gravamen a las mineras es el Derecho sobre Minería de la Ley Federal de Derechos, a razón de $5.70 semestrales por hectárea concesionada durante el primer año de operación, hasta $124.74 semestrales a partir del décimo primer año de la concesión.
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