México es primero en conflictos mineros en Latam; canadienses provocan la mitad

Las mineras canadienses cargan con un largo historial de abusos cometidos en comunidades mexicanas, donde establecen sus proyectos con violaciones a los derechos de sus trabajadores. De 58 conflictos mineros que existen en el país, 29 involucran a empresas de Canadá, documentan organizaciones.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros (OCMAL), México encabeza la lista de países con el mayor número de conflictos en América Latina, con un total de 58 casos, por encima de Chile (49) y Perú (46). Pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) registra más: de 560 conflictos socioambientales identificados en el país, de los cuales, 173 son causados por actividades mineras.

La mayoría de estos conflictos están relacionados con despojos de tierras, violaciones laborales de mineros, afectaciones a los recursos naturales de las comunidades y hasta asesinatos. El informe anual de la organización Global Witness reportó 18 homicidios ligados a conflictos socioambientales en México en 2019 y la minería fue señalada como la actividad más letal.

Por esta razón, organizaciones como Energía, género y ambiente (ENGENERA), que han acompañado a los pueblos en su lucha contra la minería en México, celebraron el intento del Presidente Andrés Manuel López Obrador por poner en orden a las empresas canadienses que explotan recursos en el territorio.

’Creo que las empresas mineras, en particular las canadienses, tienen muchos privilegios en el país, privilegios para acceder al agua, a la tierra, incentivos fiscales y han cometido una serie de abusos y violaciones a derechos’, dijo en entrevista Beatriz Olivera, directora de ENGENERA.

Para Olivera, no sólo se debe hacer un llamado desde el Ejecutivo federal a estas empresas, sino que también desde el Poder Legislativo se deben tomar medidas como reformar la actual Ley Minera, la cual permite a las mineras violar los derechos de los pueblos. ’Me parece bien que este tipo de medidas estén implementándose desde el Ejecutivo, aunque yo llamaría a que evalúen la Ley Minera que está en la cancha del Poder Legislativo’.

’Se tendría primero que modificar el artículo sexto de esa Ley, que les da prioridad a las actividades mineras sobre el territorio, pero en general toda la Ley está compuesta por una serie de artículos para dar privilegios a las mineras. Al decir que son empresas de prioridad pública se les otorga la prioridad sobre el territorio y eso es muy grave porque atenta contra derechos de pueblos indígenas y otras actividades como la agricultura y usos ceremoniales en algunas zonas’, mencionó Olivera.

La Ley Minera vigente en México fue decretada en 1992 durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en paralelo al proceso de negociación del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta legislación permite que capitales transnacionales obtengan concesiones para realizar actividades mineras en el país.

De acuerdo con el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), de la Secretaría de Economía, en México hay un total de 242 empresas con proyectos mineros en el país, de los cuales, 160 corresponden a mineras canadienses; mientras que un informe del Instituto Fraser indica que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de Canadá.

Si bien el anuncio del Presidente para meter en cintura a las mineras canadienses fue celebrado por algunas organizaciones, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lamentó que se pretenda discutir un tema tan importante desde la diplomacia en lugar de aplicar la ’laxa legislación’ que tiene México para exigirles que cumplan.

’Me parece que es muy triste que el Presidente asuma un rol de acusar a las empresas en cuestiones concretas y que no se apliquen los, de por si laxos, reglamentos y leyes que tenemos en el contexto de la minería para ponerlas en orden en temas relacionados con los impuestos o violaciones a los derechos laborales’, consideró Miguel Mijangos, enlace de Rema en Guerrero.

El activista recordó que en varias ocasiones integrantes de REMA acudieron a la Embajada de Canadá en México para solicitarles su intervención en sus mineras, pero fueron ignorados con la respuesta de que ’no tenían ningún nivel de injerencia’ en esos temas.

’Pareciera que este Gobierno está apostando a discutir el tema en un nivel donde no tiene ninguna repercusión, el Embajador no tiene ninguna incidencia, van a ser notas más de corte diplomático’, aseguró Miguel Mijangos.

Para REMA, la regulación de las minas en México no sólo debe aplicar a las canadienses, sino a todas las que operan en el territorio, incluidas las mexicanas.

’La interpretación que yo tengo es que el Presidente conoce muy poco el tema de las mineras. Trae un pleito con dos canadienses y agarra parejo, pero el tema es más delicado porque en México la minera más agresiva que tenemos es Grupo México y esa es de un mexicano, del señor Larrea’, mencionó Mijangos. ’No importa si es canadiense, estadounidense o mexicana, todas van a tener siempre un margen de violaciones a los derechos, pero hay unas que son mucho peores’.

En este tema coincidió Beatriz Olivera: ’No podemos decir que sólo las minas canadienses son las que cometen violaciones de derechos humanos. Yo me atrevería a decir que son las grandes corporaciones por su lógica de modelo extractivo, además de que la regulación en México no es adecuada’.

Otro aspecto que mencionó la directora de ENGENERA es el aspecto fiscal que también beneficia a las mineras.

’Otro cambio que se propone a la Ley Minera tiene que ver con lo fiscal, que las empresas puedan hacer público el número de producción de minerales que retiran, así como sus estados financieros, al ser recursos de la Nación es de interés de los mexicanos el saber cuáles son sus utilidades’, dijo.

De acuerdo con la organización Fundar, la recaudación minera representa el 1 por ciento del total de las ganancias generadas por el sector, apenas el 0.35 por ciento del total de los recursos recaudados por el Gobierno federal.