El Instituto Nacional Electoral hizo un llamamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que deje de convocar al ejercicio ciudadano de revocación de mandato; sin embargo, no sólo rebasa sus funciones como órgano electoral sino que de hecho comete una ilegalidad al ir en contra de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que entre sus principios establece el de ’máxima publicidad’.

Y es que el INE no es un poder de la unión para prohibir o limitar a quien sí lo es, aunado a que siempre que el presidente u otro personaje no promuevan votar a favor o en contra en un proceso electoral, no sólo puede llamar a su participación sino que incluso es también su obligación civil, misma que compagina con el criterio de máxima publicidad, uno de los principios del INE.

Anteriormente el INE también había ’ordenado’ al presidente guardar silencio sobre el llamado a participar en las elecciones intermedias, recibiendo un revés por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que también le dio un revés a la intención del INE de no querer realizar una consulta ciudadana, derecho consagrado en la Constitución.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la presunta utilización indebida de recursos públicos, derivado de las manifestaciones hechas en el evento Tres Años de Gobierno el pasado 1° de diciembre, relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato, con la finalidad de incidir en la preferencia ciudadana.

El PRD solicitó hacer un llamado al Ejecutivo Federal para apegarse a las limitaciones constitucionales a que está sujeto y dejar de promocionar el ejercicio en sus presentaciones públicas, aunque en los mismos solamente hizo un llamado ’a participar’. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.