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Las Lavanderías de contratos en Hidalgo, amañando licitaciones para desviar recursos
Ésta es la primera entrega sobre una red de prestanombres y empresas fachada donde se ’lavaron y plancharon’ contratos de obra pública durante la administración de Omar Fayad Meneses, estando involucrados al menos 6 personajes de su gabinete así como otros de sus cercanos
Al menos mil millones de pesos -y contando- fueron ’lavados y planchados’ durante la administración del exgobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses mediante contratos de obra pública y de adquisición de bienes a través de adjudicaciones directas ilegales, pero también mediante la simulación de competencia en los procesos de licitación, operando de forma sistemática para beneficiar a unos cuántos.
Tras ser analizados cientos de contratos se encontraron dispersiones de recursos hacia obras malhechas, adquisiciones a sobreprecio e incluso para servicios que nunca se efectuaron, habiendo tres momentos cruciales para ello: cuando iniciaron con el esquema -que es cuando más errores cometieron-, cuando llegaron recursos extraordinarios para mitigar el impacto del COVID, y finalmente en el corto lapso comprendido entre la derrota en las urnas y los últimos suspiros en el poder por parte del gabinete.
La clave de los hallazgos se dio cuando fueron identificados una serie de domicilios o ’lavanderías’ donde diversas empresas que participaban en una misma licitación compartían desde la dirección hasta los datos de contacto; incluso compartieron representantes legales, lo que llevó a descubrir una red de proveedores que se comieron todo el pastel, participando también el Sindicato de Salud así como presidentes municipales.
PRIMERA PARTE
La sucursal Velasco 52
Una casa de interés social que presumiera con orgullo una lona para apoyar al entonces candidato Enrique Peña Nieto se encuentra ubicada en la calle Velasco #52, Parque de Poblamiento, 2da sección, en la capital hidalguense. Pese a no contar con una superficie especialmente extensa, ha sido “fraccionada” para ser habitada por dos familias y contar además con un local.
Durante la visita que realizó este medio se documentó que actualmente se encuentra vacía la parte del local y que el resto de los inquilinos no se encontraban o no abrieron la puerta, respondiendo los vecinos que nunca hubo mucha actividad en la vivienda. Alguno de ellos se refirió a los habitantes como “Los oaxaqueños”.
Y es que ese es el domicilio fiscal dado por los “constructores” Raquel García Montes y Aarón López Hernández, así como por las empresas Bali Arquitectura y Construcción y la Constructora Coscacuauhtli, mismas que en conjunto obtuvieron 39 millones 432 mil 504.65 pesos en contratos.
Las facilidades
Las empresas señaladas recibieron todas las facilidades por parte del oficial mayor Martiniano Vega, de los secretarios de Salud Marco Escamilla y Efraín Benítez, de la secretaria de Finanzas Jessica Blancas, del secretario de Obras Públicas José Meneses Arrieta, así como de los contralores Citlalli Jaramillo y César Román Mora para llevarse los contratos mediante procedimientos turbios. Todos los mencionados fueron funcionarios y gente de confianza de Fayad Meneses.
También están embarrados los ayuntamientos de Chilcuautla (Isidro Alvarado Ramos), Ixmiquilpan (Enrique Simón Romero), Tolcayuca (Humberto Mérida de la Cruz), Villa de Tezontepec (Luis Castañeda Muñoz), Zapotlán de Juárez (Erick Edgardo Islas Cruz) y la propia gerencia regional de la CFE en Oaxaca (Arturo Lavariega Domínguez).
Del lado de Bali Arquitectura y Construcción destaca que celebraron 26 contratos con el Gobierno de Hidalgo, uno más con el ayuntamiento de Chilcuautla y otro más con el de Ixmiquilpan.
Con el Gobierno de Hidalgo, en 5 de las licitaciones que participaron, pese a lo atractivo de los montos y a que su área de especialidad puede ser cubierta por diversas entidades, sus propuestas fueron únicas, siendo estos los contratos SSH-RE19-LE-052-2019, LO-913055954-E48-2019, LO-913055954-E38-2019, SSH-FEIEF-LE-047-2020 y LO-913055954-E62-2019.
En otros 10 de los casos se entregó mediante una adjudicación directa. Aquí señalar que en 8 de los casos habría sido ilegal, por otorgarse mediante dictamen de justificación y solamente en 2 se hizo de forma correcta al anexar una excepción a la convocatoria. Los referidos fueron los contratos SSH-ASE20-AE-018-2020, SSH-ASE20-AE-020-2020, SSH-FASSA21-AE-009-2021, SSH-FASSA21-AE-019-2021, SSH-FASSA20-AE-007-2020, SSH-RE20-AE-051-2020, SSH-FASSA21-AE-023-2021, SSH-FASSA20-AE-054-2020, SSH-ASE20-AE-016-2020 y SSH-ASE20-AE-032-2020.
Cuando no fue propuesta única ni adjudicación directa (justificada o no), simularon competencia entre los interesados, pues en las propuestas contempladas, la mayoría o hasta en la totalidad de los “participantes” en realidad tenían vínculos, es decir, que detrás de ellos se encontraban las mismas personas que representaron las mismas empresas en diferentes procesos. Los 8 casos corresponden a los contratos SSH-ASEE21-LE-017-2021, SSH-PU013-AF-029-2020, SSH-FASSA20-AE-003-2020, SSH-FASSA20-AE-004-2020, SSH-FASSA20-AE-002-2020, SSH-ASE20-AE-027-2020, SSH-ASE20-AE-008-2020 y SSH-FASSA21-AE-001-2021.
El colmo de las facilidades concedidas a Bali Arquitectura y Construcción fue que cuando no pudieron implementar ninguno de los esquemas mencionados y se presentó alguna empresa ajena a la red de “lavanderías”, descalificaron a sus competidores ilegalmente, pues pese a no contar con observaciones a la hora de presentar propuestas y tener proyectos de costo más bajo, de un plumazo decidieron otorgarlos a sus consentidos. Así sucedió con los contratos SSH-ASEL22-LE-003-2022 y SSH-ASEL22-LE-007-2022.
Finalmente con Chilcuautla e Ixmiquilpan los concejos interinos adjudicaron de manera ilegal al no justificar el criterio de excepción y superar el monto las leyes vigentes en la materia, lo que se aprecia en los contratos 2021/FAISM030019 y 2020/FEIEF019001. Es así que solamente en uno de los 28 contratos celebrados, la empresa habría ganado la licitación sin trampa alguna de por medio.
Bali Arquitectura y Construcciones ha sido representada por la referida Raquel García Montes, pero también por Josué Azibadam Gallardo Dorantes, Reyna Ruth García Montes y por Irving David Mayen Castillo.
Del lado de Constructora Coscacuauhtli aparentemente es representada por Ricardo Cervantes López, sin embargo, como los anteriores, también comparte domicilio con Aarón López Hernández, lo mismo que teléfonos y correos, es decir, que los 4 mencionados son, en esencia, un mismo grupo de personas, y por lo tanto, se observaron las mismas prácticas por parte de los ayuntamientos para otorgarles ”facilidades”.
De sus 7 contratos se observa que en al menos 5 recibieron una adjudicación directa de manera ilegal, pues el monto rebasó lo que la Ley estipula en la materia y no hubo un dictamen del comité de adquisiciones que justificara la excepción, lo que sucedió en Villa de Tezontepec con los contratos FAISM/2017-006, FOFYR/2017/001, MTO-COP-075/2017-05, FGP/2017/001 y FAISM/2017-009. Incluso en ese mismo ayuntamiento celebraron el contrato PMVTREPOOP2017002 del que no se puede hacer una evaluación sobre la legalidad o no del proceso al no encontrarse disponible en ninguna plataforma, es decir, que fue escondido.
La misma constructora realizó un contrato con CFE foliado con el número LO-018TOQ078-N48-2015 donde ganaron el contrato no sin que antes rechazaran a dos de sus competidores. Quien autorizó el fallo fue Arturo Lavariega Domínguez, mismo que no prestó atención en el domicilio fiscal allí presentado por la constructora, pues la Av. Hidalguense 229, en Parque de Poblamiento, no fue encontrado en dicho asentamiento por no haber nomenclatura de tal número en la calle referida, anuncio ni números consecutivos o sucesivos que permitieran dar con dicho domicilio.
Por último, Aarón López Hernández, como persona física, también fue beneficiado por una adjudicación directa ilegal del ayuntamiento de Zapotlán de Juárez que puede consultarse con el folio PMZ/FAISM-018/082-003.
La sucursal Moctezuma 205
La sucursal de las “lavanderías” ubicada en Moctezuma 205 en el centro de Pachuca se considera sumo importante para esta investigación. Y no es porque actualmente haya un comercio que se dedica a poner tatuajes -la empresa huyó hace meses-, ni porque sea relativamente pequeña ni porque sea una de las direcciones dadas por Bali Arquitectura y Construcciones.
Es porque se trata de una dirección que se encuentra al lado de una de las oficinas de la Secretaría de Finanzas, donde precisamente se almacenan contratos que tienen que ver con las licitaciones. Así lo confirmaron trabajadoras de dicha dependencia que estaban “nerviosas” al ser cuestionados sobre si sabían del paradero de las empresas en cuestión. Las entrevistadas incluso dijeron en un principio que ese era el número que correspondía a su área de trabajo, saliendo posteriormente un “encargado” que dijo que ellos eran el 203, no el 205.
Es mediante dicho domicilio que se explicaría la forma en que diversos documentos fueron firmados por los supuestos concursantes de licitaciones con muy poco tiempo de diferencia y que existía una coordinación para que aquellos representantes legales de las mismas empresas se fueran “turnando” para que en un mismo proceso no firmaran en más de un espacio para distintas entidades.
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