La tercera parte de los servidores públicos inhabilitados en dos décadas se dio entre 2019 y 2020

La lucha contra la corrupción —que es el mayor problema de México, según ha señalado en distintas ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador— no sería posible sin el actuar de las autoridades locales, las cuales registran un aumento de las sanciones a funcionarios públicos por esta causa en lo que va de la presente administración federal.

Desde que inició el actual sexenio, los gobiernos estatales inhabilitaron a 289 funcionarios públicos que cometieron faltas administrativas graves que incluyen abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, cohecho, contratación indebida, desacato, desvío de recursos, encubrimiento, enriquecimiento oculto, nepotismo, peculado, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias y/o uso indebido de información.

Estas inhabilitaciones forman parte de miles de sanciones que los gobiernos estatales impusieron a sus propios funcionarios entre enero de 2019 y julio de 2021, pero que por su severidad —y a diferencia del resto que incluye faltas administrativas no graves— fueron reportadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) e incluidas por esta dependencia en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS).

’En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas […] las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves’, se lee al respecto del RSPS, en el cuarto párrafo del Artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Los 289 inhabilitados registrados en lo que va del actual sexenio equivalen a la tercera parte (36.2 por ciento) del total de personas (798) que fueron inhabilitadas por gobiernos estatales entre el 1 de enero de 2000 y el 12 de junio de 2021, que cometieron faltas administrativas graves —entre ellos delitos vinculados a actos de corrupción— reportadas y ratificadas por la SFP.

Entre las irregularidades vinculadas a estos funcionarios y exfuncionarios públicos (durante 2019-2021) están 128 actos de negligencia administrativa, 71 violaciones a leyes y normatividad presupuestales, así como 63 faltas por incumplimiento de declaración patrimonial. Estas tres irregularidades representan el 90.7 por ciento de las causas de sanción en contra de los 289 inhabilitados. Además hubo casos de abuso de autoridad (10), violación a procedimientos de contratación gubernamental (10) y cohecho o extorsión (seis), entre otros.

Las inhabilitaciones impuestas por los gobiernos estatales a 289 personas en lo que va del actual sexenio tienen una duración que va de tres meses a 20 años.

Las sanciones de un año en adelante y hasta por 10 años de inhabilitación (233 casos) corresponden a irregularidades cuyo monto de afectación al erario no excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 16 mil 898 y 17 mil 924 pesos (dependiendo del año de sanción).

Las inhabilitaciones a partir de 10 y hasta por 20 años (21 casos) corresponden a irregularidades cuyo monto de afectación excede el límite de 200 UMAs. Y las sanciones de tres meses a un año de inhabilitación (35 casos) corresponden a faltas graves que no causaron daños o perjuicios, ni generaron beneficio o lucro para el imputado (Art. 78, cuarto párr. LGRA).Efrén Flores | SIN EMBARGO