Jueces a juicio

Son notitas perdidas en el espacio de los diarios, pero están referidas al mismo tema: la corrupción de jueces y magistrados o en su caso la incapacidad e ignorancia de los mismos a la hora de aplicar las leyes. Corrupción o estupidez es lo mismo a la hora de sufrir consecuencias.

Ayer, jueves, se informó la liberación de tres campesinos chiapanecos presos hace 17 años por la matanza de Acteal. Los ministros de la Primera Sala encontraron que la encarcelación de los indígenas se hizo con pruebas falsas, manipulación de evidencias –las mismas que fueron falsificadas—sin defensor y sin traductor durante el juicio.

Sí, 17 años después la justicia se da cuenta de que es una reverenda porquería y que ha sido omisa, corrupta y manipuladora en el caso en el que murieron 45 personas que estaban en un templo al que llegaron sujetos fuertemente armados, encapuchados y los asesinaron. Había entre las víctimas mujeres, niños y ancianos.

A los presuntos culpables y sus familiares los hicieron firmar un documento comprometiéndose a nunca más regresar al sitio de la masacre. Todavía quedan presos otros tres a los que la justicia, ciega como es, no los ha descubierto encarcelados por las mismas causas y en la misma forma que los que están libres y que recurrieron al amparo.

Lo más curioso es que los que quedan encarcelados, están a punto de cumplir los 17 años de prisión que le fue dictaminada.

Nunca se les consideró para la liberación anticipada por buen comportamiento y por el resto de las razones por las que se concede ese privilegio. Sobre todo como en este caso, en que comprobadamente no fueron ellos los autores, sino las víctimas ahora expulsadas de su lugar de origen.

Estela Luna, hija de uno de los encarcelados que cumplió 76 años de vida tras las rejas, explicó que en esfuerzo casi imposible, su familia juntó 95 mil pesos para un abogado defensor. El leguleyo, cuyo nombre no proporcionó, recibió el dinero, se cambió de domicilio y se largó del pueblo. Este es otro aspecto que estarían obligadas las autoridades a atender.

Hay más: luego de años de ejercer como coyotes, un juez, un magistrado y cinco secretarios de Juzgado fueron suspendidos al encontrarse que eran parte de una organización para importar autos usados. Los solones concedían amparos a diestra y siniestra a los importadores de chatarra ambulante, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal les echó mano.

Pero no se les consigna por los delitos en que incurrieron, sino se les suspende mientras se desarrolla “el procedimiento administrativo” al que están sujetos. Sólo falta que la suspensión considere los salarios y las prestaciones que disfrutaban en su calidad de togados. En total son siete los que están bajo investigación administrativa de las autoridades judiciales.

Simultáneamente a El Chapo Guzmán le fue concedido un amparo que le retira las penas de cárcel por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, aunque seguirá embotellado por tráfico de estupefacientes más los cargos que le aumenten en Estados Unidos, de los que nuestras autoridades están muy pendientes para su aplicación.

La vocera del Departamento de Estado en Washington, Jen Psaki, se sumó a las desconfianzas en nuestro sistema judicial ya expresadas anteriormente desde la capital del norte. Ayer, con gesto admonitorio, dedo índice al frente y mirada perdida en el infinito, dijo que los responsables de ese crimen atroz y bárbaro deben ser llevados ante la justicia y castigados sin retrasos.

La señora se refería a la sucesión de actos en torno a la desaparición y probable asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Urgimos a todas las partes a mantener la calma durante el proceso de investigación. Ha habido informes de crecientes tensiones sobre el terreno” dijo al precisar que la investigación debe ser “completa y transparente”. A satisfacción de ellos, pues.