Impunidad

La delegación mexicana presente en Ginebra para explicar los problemas por desapariciones forzadas en nuestro país se quedó simplemente helada. Sin respuestas. Arrinconada por una simple pero contundente interrogante: En el caso de la desaparición de los normalistas ¿cuántos funcionarios públicos fueron retirados de sus cargos?

La pregunta no puede ser más clara. Y por supuesto, nada tenía que ver con los muchos policías cesados o detenidos por tomar parte en lo que la PGR asegura ya, fue un cruel asesinato.

La interrogante disparada por los encargados de la ONU para aclarar qué es lo que sucede en México en torno a las desapariciones forzadas, llegó justo al tema que había quedado ya marcado como el eje de todos los males en este terreno: la impunidad.

No es necesario hacer un recuento de lo sucedido para entender que la impunidad no puede ser considerada sólo para quienes cometen un ilícito y no reciben sanción alguna. La impunidad abarca mucho más. Y en el caso de Iguala resulta más que obvio.

De acuerdo con las informaciones, René Bejarano avisó a las autoridades federales, sobre actividades del alcalde de Iguala y de su esposa. En el caso concreto de la PGR, habló sobre un asesinato y las ligas con la delincuencia organizada. Y no se hizo nada.

Así, la impunidad a la que hicieron referencia en Ginebra no tiene nada que ver con la que en México se quiere presentar. Se habló en Suiza de la impunidad que permitió que las autoridades políticas se unieran a la delincuencia organizada. Sin que nadie hiciera nada al respecto.

Esa impunidad tiene que ver, se acepte o no, con la incapacidad del CISEN para saber las relaciones entre fuerzas políticas y los cárteles de la droga en la entidad. De la PGR que supuestamente, se encarga de perseguir a dichos cárteles y no fue capaz de saber qué hacían en septiembre. De la Secretaría de Gobernación que nunca detectó las relaciones de los funcionarios de Iguala. Y por supuesto, de los aparatos de inteligencia de las Secretarías de Marina y del Ejército.

Cuando en Ginebra se preguntan cuántos funcionarios perdieron sus cargos, lo que dejan ver es que no es aceptable la idea de que no hay más culpables que aquellos que ya fueron señalados. Esto es, la pareja en el poder en Iguala y policías y malandrines menores.

La impunidad a la que se refieren en Ginebra tiene que ver con la presentación de una investigación que deja libre de toda sospecha al gobernador en funciones el día de los hechos y que renunció después pero no por culpa, sino para aliviar tensiones políticas. Y que ahora, quiere ser diputado por la vía plurinominal y al mismo tiempo, imponer a su hijo como candidato a la alcaldía de Acapulco.

Impunidad que en una investigación “histórica” no explica la forma en que los políticos se suman a la delincuencia sin que haya autoridad alguna que impida esa situación.

La delegación mexicana en Ginebra debe haber pasado momentos muy complicados. La estrategia de reconocer que hay problemas y tratar de explicar que se toman medidas sobre las desapariciones forzadas, quedó entonces en el suelo.

No puede existir un remedio, sin que la impunidad sea realmente combatida.

Y la impunidad no se combate con discursos, sino con acciones.

Y acciones son las que no existen contra la impunidad. No al menos en el terreno en el que en Ginebra, se piensa que deben existir.