El buen casero

Empecemos por el principio: cualquiera que haya sido burócrata, y yo lo fui, sabe que las declaraciones de bienes incluyen a los familiares del funcionario hasta determinado nivel, obvio que en forma principal son considerados cónyuges, hijos, padres y otros parientes cercanos.

Así, no importa que aduzcan que la esposa del presidente Peña Nieto no es funcionaria pública, para que esté obligada por ley a informar sobre su fortuna y los caminos que siguió para acumularla. ¡Bueno, diría que es de lógica primaria! Resultaría muy cómodo y así lo considera la ley, que el funcionario pusiera todos sus bienes, como suelen hacer, a nombre de su pareja en turno y para no declararlos se limite a decir que ella no trabaja para el gobierno.

Hay puntos oscuros en este rollo de los bienes patrimoniales de los empleados del gobierno en sus tres niveles. La ley establece un máximo en el valor de los obsequios que pueden recibir.

Hablamos de unos cuantos salarios mínimos, lo que a estas alturas es no sólo ridículo sino imbécil suponer que alguien va a ofrecer a un jorocón un llaverito comprado en tienda de chinos, como agradecimiento por algún sustancioso favor recibido.

Hasta lo que mi fallida memoria me permite, estoy convencido de que en este sexenio por primera ocasión los funcionarios de primer nivel, al dar a conocer sus declaraciones patrimoniales, usaron la palabra “donación” al citar la propiedad sobre inmuebles, terrenos y otras que con toda evidencia no fueron producto de su trabajo, de sus ahorros, sino de la bondad de alguien muy generoso. Lo que resulta “junto con pegado” que decía la abuela porque superan años luz los condicionamientos legales para la aceptación de obsequios de gente ajena al círculo familiar. Esto es, que los papis hereden en vida, está bien, pero que el vecino empresario sufra tales arranques de generosidad…

Dejemos atrás el tan manoseado asunto de la casa financiada por espléndido empresario constructor de carreteras, pero sigámoslo en un nuevo asunto: el financiamiento de la villa de descanso del secretario de Hacienda, Luis Videgaray en ese paraíso llamado Malinalco, en el Estado de México.

A vuela pluma recogemos los siguientes datos: la casa la empezó a tramitar cuando apenas era prospecto a miembro del gabinete presidencial. Pero ya se sabía que entre los llamados era uno de los elegidos. Apenas asumido el cargo y con una visión admirable, decidió liquidar el préstamo en dólares quizá previendo una debacle como la que actualmente enfrentamos, en la que catarritoCarstens vende dólares como loquito para detener esta hemorragia verde, mientras el peso baja, baja y baja.

En los casos mencionados hay un personaje cuya actividad ha estado estrechamente relacionada con el contratismo oficial, antes en el Estado de México, otras entidades, y especialmente en el Gobierno Federal. Se trata de Juan Armando Hinojosa, dueño de Higa entre muchas empresas, financiera y constructora de las nada modestas viviendas en referencia.

Los plazos para liquidar los créditos son como en Elektra, en abonos chiquititos y a mil años. Pero los adquirientes y pudientes clientes (mucho es, pero vale) de éste señor que se apropia de funciones relativas a la banca sin permiso, decidieron evitarle problemas y para que no deba explicar cómo es que cobra intereses y bajo qué ley lo hace, han decidido, por un lado, subastar la deuda y, por el otro, sacar del ropero los ahorros previstos para los chuchulucos de fin de año, y cancelar todo adeudo.

Por fortuna no tenemos de qué preocuparnos. No hay crisis ni asomo de tal. Si no fue esta, ya veremos la siguiente oportunidad. Sin escándalo, claro.