Gregorio Almazán Hernández |
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Declara constitucional SCJN la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, no se puede cerrar la puerta a la democracia
ciudadana y no se violentan los derechos humanos ni la presunción de
inocencia de los ex mandatarios; Con 6 votos a favor y cinco en contra
Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO
JUEVES, 01, OCTUBRE, 2020, 16:045
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE GOBERNACION
GOBIERNO CdMx
GOBIERNO DE MEXICO
En una cerrada votación, de seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta para enjuiciar a los ex presidentes al considerar que no se puede cerrar la puerta a la democracia ciudadana y no se violentan los derechos humanos ni la presunción de inocencia de los ex mandatarios.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar advirtió que el máximo tribunal de justicia del país no puede cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal, con lo cual se manifestó a favor de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes pues consideró que no viola los derechos humanos ni la presunción de inocencia de los ex mandatarios.
’No podemos cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal, los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando los debate sola la libertad de expresión o la participación ciudadana’, sostuvo.
La ministra Norma Piña consideró que no se puede ceder a presiones más que las que provengan de las obligaciones de sus mandatos como jueces y recalcó que la ley no se consulta pues el Estado tiene la obligación de perseguir y castigar los presuntos delitos de las personas sin distinción de cargos.
El proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales proponía declarar inconstitucional la consulta al considera que se violentaba la presunción de inocencia y los derechos humanos de los ex presidentes.
Los ministros que votaron a favor de declarar constitucional fueron el presidente de la Corte Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Alberto Pérez Dayán, Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa, y Margarita Ríos Farjat.
En tanto que los ministros que votaron en favor de rechazar esa consulta por considerarla inconstitucional son Norma Piña, Hernández, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez, Fernando Franco, y Luis María Aguilar, ponente del proyecto.
Al iniciar el debate sobre la constitucionalidad o no de la consulta, Zaldívar recalcó que si queremos que la democracia deliberativa funcione y sea una realidad en nuestro país, debemos confiar en la ciudadanía y nuestras instituciones representativas las cuales funcionan como intermediarios racionales entre la opinión ciudadana y el derecho.
’Los problemas de desinformación y de la llamada sudo opinión pública se resuelven comprometiéndolos con un proceso serio de debate de intercambio robusto de información y de genuina reflexión social’, dijo.
Zaldívar aseguró que la consulta popular solicitada no vinculará a las autoridades a actuar o dejar de hacerlo en virtud de los resultados.
’Es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, no podría tener efectos vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones’, aseveró.
Sostuvo que hay consultas que pueden ser vinculantes y otras no.
El titular de la Corte aseguró que la propuesta del Presidente López Obrador ’no viola los derechos’, porque no se está sometiendo a consulta si deben violarse los derechos humanos.
De hecho, aseveró que la justicia criminal es sensible a la participación pública’, y la consulta es un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad.
’Esto no significa que la justicia penal quede a merced de la opinión pública.
La voluntad popular tiene límites y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentes.
De lo que se trata es transitar a un modelo de democracia más plural e incluyente.
El ministro Zaldivar consideró que no se puede obviar que los expresidentes son personalidades públicas, que ocupan una dimensión política e histórica en nuestro país y por tanto se convierten en interés para la deliberación pública.
Por ello, consideró que no advierte ningún impacto constitucional de la consulta y recalcó que la Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática a la ligera, ’so pretexto de evitarle a nuestras instituciones una tentación hipotética’.
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