Con corrupción no hay reformas que convenzan: Gurría Treviño

CIUDAD DE MÉXICO, (Al Momento Noticias).- El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, urgió a atacar la corrupción en México, porque en un país en el que hay corrupción no habrá reformas de gobierno que convenzan ni tampoco gente que crea en la capacidad de sus gobiernos para solucionar los problemas.

“El problema del impacto en la sociedad es que genera ese cinismo, la piel se vuelve muy gruesa y la sociedad no compra las reformas, no cree, no le compra la capacidad al Estado de poder resolver sus problemas”, advirtió en entrevista con Sin Embargo.

El titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó una visita de cuatro días a México, en la que presentó una serie de convenios y estudios que tienen que ver con el tema de la transparencia: uno relacionado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otro con la nueva licitación del tren México-Querétaro.

A su juicio, el tema de la corrupción es un tema que arraiga el “cinismo”, por ello, cualquier mandatario de un país que enfrenta este problema no sólo debe explicarlo a sus ciudadanos sino también anunciar acciones concretas para su combate.
Gurría Treviño habló también sobre transparencia y la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y de otorgarles mejores servicios públicos y educación para evitar que el malestar social crezca.

“La corrupción es muy corrosiva porque genera ese sentido de discriminación, sobre todo la corrupción de los servidores públicos, porque, como dicen: siempre hay alguien que conduce y alguien que acepta, y el énfasis habría que cambiarlo porque está muy enfocado a los que reciben, pero también hay que enfocarse en los que lo dan y en los que lo ofrecen”, agregó.

Advirtió que el cinismo permea en la sociedad, porque los ciudadanos ven que la autoridad incurre en abusos de ese tipo, por eso, dijo, hay que insistir en la transparencia.

Sin embargo, reconoció que México no tiene el monopolio en estos temas y lo que importa es instalar sistemas que eviten esos casos, abusos de la autoridad, a nivel de los funcionarios más modestos hasta los más altos.

“La transparencia se vuelve una exigencia y una parte fundamental para la gobernabilidad. Es algo que comparten todos los poderes, nosotros al hablar con legisladores, con miembros del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, todos están muy conscientes de la necesidad de dar señales, también de reaccionar de manera práctica y concreta con legislación y códigos”, puntualizó.

Gurría Treviño señaló que el hecho de que el Estado mexicano le pida a la OCDE su experiencia para combatir la corrupción “es una señal muy positiva y nos anima a que nuestra contribución, participación con el gobierno en estos temas, la podamos transmitir a los otros países del mundo, somos como una cadena de transmisión de mejores prácticas”.

Sobre la postura que debe adoptar el gobierno en contra de la corrupción, señaló que no solo debe declararse claramente en contra, sino hacer que intervengan organismos que tienen credibilidad en el mundo para combatir o ayudar a los gobiernos para combatir las instancias de corrupción en los elementos internos. “Ése es el tipo de decisiones que toman los líderes políticos”, expuso.

Desde hace al menos una década, México se encuentra en los primeros lugares de la lista de los países más corruptos del mundo, según legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes sostuvieron que los servidores públicos comenten en el país 12 millones de actos de corrupción, de los cuales 85 por ciento no se denuncia.

Para Sin Embargo, en el último año, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha sido señalada por tres casos en particular en los que se presume esa práctica: el tema de la “Casa Blanca”, que involucra a la esposa del mandatario, Angélica Rivera; la propiedad en Malinalco, Estado de México, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ambos relacionados con la constructora Higa, así como la cancelación del tren rápido México-Querétaro que no sólo involucraba nuevamente a Higa, sino también a GIA, una compañía propiedad de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.