Capacitan a personal del CIEPS en materia de responsabilidad administrativa y ética pública

• Instruyen con perspectiva incluyente que garantice la aplicación de los derechos humanos.

• Fortalecen legitimidad en las instituciones al combatir los actos de corrupción.

Toluca, Estado de México, .- Con base en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, establecido por la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, los servidores públicos adscritos al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), recibieron capacitación en tópicos referentes a la responsabilidad administrativa y ética pública.

El CIEPS, organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como objetivo lograr el fortalecimiento y aplicación de la política social del Estado de México, identificando los factores que impiden o limitan el bienestar social de la población, labor que se fortalece con la actualización de los esquemas del servicio público basados en la transparencia, eficacia, calidad e inclusión.

Para contribuir a las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19, esta actividad se desarrolló de manera virtual y fue impartida por la Dirección de Ética y Transparencia de la Unidad de Prevención de la Corrupción de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.

Uno de los objetivos principales de la capacitación brindada es difundir entre el personal del CIEPS principios y valores, mismos que permiten que haya instituciones de gobierno con honradez e integridad, así como una cultura de la rendición de cuentas.

Durante la exposición se enfatizó el marco conceptual de la ética pública y la eficacia en el servicio gubernamental, así como la importancia de los principios y los valores cívicos, conductas y actitudes apegadas al derecho, basadas en el desempeño óptimo de las labores de los servidores públicos del CIEPS.

Finalmente, se exhortó a los servidores públicos participantes a mantener la convicción de que su labor tiene el propósito de atender a las personas con estricto respeto a los derechos humanos, que permita generar la prestación de un servicio adecuado, lazos de confianza, reducir los actos de corrupción y garantizar el profesionalismo, objetividad e imparcialidad.