A la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ley, le corresponderá calificar la elección presidencial y declarar presidente electo al candidato o candidata que obtenga más votos.
Primero deberá desahogar todas las impugnaciones en relación con el proceso. Como ha sucedido en otros casos, si la diferencia entre el primero y segundo lugar es abismal, el trabajo de los integrantes de la sala superior no tendrá ninguna complicación, casi de trámite.
Será distinto si el resultado es cerrado como ocurrió en la elección del 2006, menos de un punto porcentual. Entonces el camino para llegar a la calificación podría ser tortuoso. Escenario remoto.
En cualquier situación, la responsabilidad que tiene la sala superior del tribunal electoral es ineludible, de la mayor relevancia, no solo para quienes forman parte del órgano calificador, sino para el país.
De ellos depende la última fase de valoración de la competencia presidencial, así que sería imperdonable que por pleitos internos se desatienda o se descuide lo que debe ser más importante para los magistrados y magistradas.
Hay ya demasiados focos rojos encendidos (sobre todo relacionados con la violencia e inseguridad) como para que todavía se tenga que exponer la estabilidad del país por diferencias personales.
No perder de vista que la ley orgánica del poder judicial de la federación establece que es tarea de la sala superior la calificación de la elección presidencial y la declaración de presidente electo.
Para poder hacerlo se requiere que a la sesión de la sala superior asistan al menos seis de los siete magistrados que la integran.
En este momento, solo hay cinco de los siete. El senado tiene pendiente elegir los dos magistrados que hacen falta y no hay para cuando se pongan de acuerdo los grupos parlamentarios.
Hace meses, por no decir años, se le complica al Senado alcanzar el voto de las dos terceras partes o la mayoría calificada que se requiere para que tenga éxito el proceso de selección. Más de un centenar de nombramientos, no únicamente los de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial, están pendientes de ratificación.
En el supuesto de no lograr el consenso en el caso del tribunal electoral, la misma ley da la alternativa para completar la integración de la sala superior. Tendría que seleccionarse a dos magistrados, los más antiguos de las salas regionales.
Hasta ahí parece que todo tiene solución sencilla, señalada por la ley.
Lo riesgoso es que los que magistrados que andan de pleito, lleven sus rencillas a la etapa de la calificación.
¿Qué pasaría si los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora deciden en el último momento no asistir a la sesión de la sala superior y complicarle la vida a su compañera presidenta Mónica Soto?
Ningún pleito personal justificaría una actitud de ese tamaño, en perjuicio de México; generaría un clima nacional de desconfianza e incertidumbre.
De hecho, ningún agravio entre magistrados justificaría afectar el desarrollo de la institución, así sea la inasistencia a una ceremonia cívica. Se les paga con dinero del pueblo para que cumplan con sus actividades ordinarias y extraordinarias.
El problema no es nada más de Janine y Reyes Rodríguez, involucra a los cinco que integran en este momento la sala.
Los cinco tienen la estatura académica y política para sentarse a dialogar, dejar atrás enconos, demostrar capacidad de negociación, conciliar intereses y recuperar la armonía laboral.
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