Las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa contra el Ayuntamiento de Taxco el pasado fin de semana deben unir a los alcaldes del estado para buscar una solución conjunta con la federación y el estado al tema de los laudos laborales.

Como advirtió en conferencia de prensa en el Palacio Municipal el alcalde Marcos Efrén Parra Gómez, se corre el riesgo de que dichos mandatos judiciales dejen en la parálisis a los gobiernos ante los adeudos heredados de anteriores administraciones que hacen impagables la totalidad de los montos económicos en una sola exhibición, y a la rotación de funcionarios que se va a estar ocasionando en áreas estratégicas y sensibles para la población como es la de Seguridad Pública.

En 2014 la Coordinación de Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado estimaba que los 81 municipios sumaban una total de 600 millones de pesos en laudos laborales.

Al cierre del primer trimestre de 2019, Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero dijo tener información de que tan solo en Acapulco ya eran del orden de los mil millones de pesos.

Es decir que para el pasado mes de marzo solamente en este municipio los laudos ya representaban un 66.67 por ciento más de lo que adeudaban todos los del estado hace cinco años.

Un ejemplo menos cuantioso pero no menos escandaloso dadas las diferencias demográficas y presupuestales es precisamente Taxco de Alarcón, el municipio platero enfrenta laudos por 95 millones de pesos que contra el total municipal de 2019 representan el 15.38 por ciento de toda la deuda que había por ese concepto en todo el estado.

El total estatal sumando Ayuntamientos así como organismos públicos descentralizados y secretarías estatales se estima en 3 mil millones de pesos.

No hay duda que todo trabajador tiene derecho a que se respeten los derechos y se le otorguen los beneficios que le otorga la Ley Federal del Trabajo al concluir una relación laboral.

Lo malo es que quienes suelen demandar son funcionarios, ocupan puestos políticos con altos salarios, cuyo cargo saben al asumir su responsabilidad que es temporal, e incluso autoridades electas como es el caso de regidores.

En Acapulco el ex director financiero de la quebrada Comisión de Agua Potable Guillermo Galeana Salas, inhabilitado por la Auditoría Superior del Estado presentó una demanda laboral, y en Taxco la ex regidora Isabel Montesinos tiene demandado al Ayuntamiento del que fue parte, ella al igual que su esposo el ex alcalde Ramiro Jaimes, es panista como el actual gobierno, con el que bien podría solidarizarse y desistir.

A Taxco, entre jueves y viernes comenzaron a llegar una serie de resoluciones de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa ordenando la destitución de tres servidores públicos, entre ellos el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Jesús Teodoro Alemán Huesca, al director de Movilidad Sergio Lucas Martínez Sánchez, y al director de Recursos Humanos Iván Chessal, luego que fue negada al Ayuntamiento la posibilidad de un convenio de pago en abonos de 1.2 millones de pesos a un ex policía que demandó despido injustificado en el año 2009.

Así las cosas es probable que más casos en cascada lleguen no solo a Taxco, sino a todos los municipios del estado, pues tienen los mismos problemas de adeudos impagables. El Tribunal no debe pasar por alto que los ayuntamientos también deben cumplir la obligación de dar servicios servicios públicos a sus ciudadanos, y que ésta no debe verse afectada, mucho menos, paralizada.