La aprobación de la reforma energética por las dos Cámaras demuestra el anhelo privatizador del presidente Enrique Peña y con ello confirma el sometimiento hacia las instancias internacionales, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Como en el Congreso federal, sin leer siquiera, ya no digamos estudiar, el decreto de ley que fue aprobado, lleno de inconsistencias y contradicciones, en una actitud de servilismo y abyección de quienes prefirieron la cómoda sumisión recompensada al ejercicio de la libertad de expresión y de conciencia.

Ya era un secreto a voces de esta decisión entreguista. Como ustedes recordarán, las publicaciones hechas detalladamente en el extranjero confirmaron las intenciones privatizadoras.

Con antelación se sabía de estas intenciones peñistas, pues en cada acto que asistía a foros en el extranjero ofrecía y promovía en charola de plata la privatización de Pemex. Para ello propuso cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se abran al capital privado.

Se propone en la ley reglamentaria, el establecimiento de “contratos de utilidad compartida” como la modalidad para la participación del sector privado en las labores de exploración y extracción de hidrocarburos en México. ¿A cuánto ascienden las utilidades por repartir? Según datos oficiales, Pemex entregó a Hacienda sólo en el último año del sexenio anterior 979 mil 139 millones de pesos. En el futuro ese dinero no iría completo a dicha dependencia, sería dividido con empresarios privados.

Uno de los pretextos a la privatización (según el gobierno Federal) es que no hay capital para invertir en Pemex. Esa es la razón por la que deben abrirse las puertas a empresas privadas nacionales y extranjeras. Sin embargo, según información oficial del Banco de México, el saldo de las reservas internacionales del país es de 169 mil 325 millones de dólares, con lo que marcaron un nuevo nivel máximo histórico, el noveno del año y el tercero de forma consecutiva. Alrededor de 40 mil millones están invertidos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, están financiando la economía del país vecino.

Pero de todo lo que se argumenta para justificar la entrega del petróleo a la inversión privada, no se menciona la tremenda corrupción imperante en la paraestatal de sus servidores público, sindicato y ex funcionarios que hasta el día de hoy ocupan curules tanto en la cámara de Diputados como en la de Senadores. Por ahí debería de empezar a sanear la empresa y a su sindicato de tanta cínica corrupción.

Con estos cambios promovidos a la Constitución, Peña Nieto afirma “que ni Pemex ni la CFE serán privatizados, al anunciar que su iniciativa de reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, que confirma la propiedad de la nación sobre sus hidrocarburos, lo que permitirá al país aprovechar sus abundantes recursos energéticos bajo la estricta rectoría del Estado. Afirmó que con ella, “las familias mexicanas podrán sentir que la economía vuelve a crecer a mayores niveles como no ha ocurrido en las últimas décadas” ya que “se crearán miles de empleos, bajarán tarifas de luz y gas, habrá mayor producción de fertilizantes y producción de alimentos a mejores precios”.

Estas declaraciones caen en el cinismo, porque no le dice a la población, que sí efectivamente estos beneficios les llegaran a su bolsillo, para cuándo se verán reflejados en su economía, para unos tres o cuatro años la población ya olvidó esas promesas.

A la intensa campaña de propaganda gubernamental que ha desatado el gobierno en el sentido que bajarían los precios de la luz y el gas después de que se aprobara la reforma energética, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, le responde que pasarán cinco años antes de que bajen las tarifas. Porque primero hay que construir las plantas generadoras de electricidad. Y en cuanto al gas, los precios están vinculados a los vigentes del sur de Texas, donde la dinámica indica que en los próximos años el precio aumentará de forma moderada.

Pero también hay que recordar lo que Carlos Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México, al firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que con este Acuerdo casi casi nos disparábamos al primer mundo, unos de los principales benefactores sería el campo y que los campesinos subirían de calidad de vida y se relanzaría a la clase media; hoy en día el campo está devastado y en pleno abandono, la clase media está por desaparecer al no tener fuentes de empleo.

Con todo el optimismo oficial de que con ellas habrá importantes inversiones del exterior, según reporte de la agencia Bloomberg, México no figura entre los 10 principales países que se prevé que las reciban este año. Hay que recordar al ex presidente priísta, José López Portillo en el “boom petrolero”, señaló que los mexicanos deberían estar preparados para administrar la bonanza, la cual nunca bajo a la clase trabajadora y ésta la administró la clase política de siempre; la que hoy nos está gobernando.

Por todo ello, se espera de esta privatización petrolera la apertura indiscriminada del sector energético que propone la entrega de una parte sustantiva de la renta petrolera y la transferencia del desarrollo de la industria de transformación de los hidrocarburos y la de la generación y comercialización de la energía eléctrica a intereses privados, específicamente a las empresas extranjeras, llámese Exxon, Chevron, Royal Dutch Shell Plc y Repsol SA, quienes ya mostraron su interés en participar en el campo petrolero y que sobre todo, lo más vergonzante que ex funcionarios que ocuparon puestos estratégicos en administraciones pasadas y con información privilegiada representan a estas trasnacionales que se quieren apoderar de la riqueza del país.