La diputada capitalina Elizabeth Mateos Hernández asegura que en el Congreso de la Cuidad de México se trabaja en apoyo a las mujeres víctimas de violencia para contribuir a acabar con la impunidad, por lo que, es necesario homologar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

Afirma la legisladora (MORENA) que con la reforma que presentó en el Congreso, se busca aterrizar que no haya ningún resquicio que ampare a los agresores, ya que, ’no se negocia con la violencia, no se tolera a los agresores y no se deja a las víctimas a su suerte’.

En breve charla con este columnista, en tono fuerte y sostenido, Mateos Hernández explica que esta reforma es un mensaje claro contra los violentadores: ’aquí no se tolera la violencia, aquí no hay privilegios para el agresor, aquí el que pega, paga’, sentencia.

Afirma que fue muy clara en el Pleno al insistir y asegurar que esta iniciativa es en apoyo a las mujeres víctimas de violencia y para contribuir a acabar con la impunidad. Por ello, ’es necesario homologar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México’, insiste.

Aclara que la iniciativa no excluye la responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de garantizar que ninguna víctima quede desprotegida, ante ello, indica que solicitó adicionar la fracción VII Bis al artículo 61 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México y establecer de manera clara que el agresor es el primero obligado a pagar los gastos y costos judiciales.

Lo que expuse en el Pleno es muy concreto; es decir: ’¿quién debe pagar los gastos de las víctimas cuando éstas se ven en la necesidad de contratar un abogado privado?, hasta ahora, la respuesta ha sido injusta: los paga la víctima, y eso no puede seguir así’.

Explica que la Ley General de Víctimas indica expresamente que los gastos y costas judiciales de un asesor jurídico privado forman parte de la reparación integral, por lo que de conformidad con el artículo séptimo transitorio, es necesario homologar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

Recuerda que en la interpretación de la norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 31/2023, resolvió que estos gastos no pueden imponerse al sentenciado dentro del proceso penal, sino que deben reclamarse por la vía administrativa. ’Por cierto, quienes tomaron esa decisión ya no forman parte de la integración actual de la Corte, porque el pueblo así lo decidió el primero de junio’, apunta.

La legisladora resalta que este tipo de interpretaciones ocurren porque la ley no lo establece de manera expresa, lo que da pauta a que los agresores puedan evadir esa responsabilidad.

’¿Es justo que una mujer violentada, que una madre que busca justicia para sus hijos tenga que cargar también con los costos de un abogado privado?; ¿es justo que una niña o un niño víctima de violencia dependa de la capacidad económica de su familia para tener acceso a la justicia?, la respuesta es no’, puntualiza.

Indica que a pesar de que el gobierno capitalino cuenta con defensorías y asesores jurídicos públicos, ’la alta demanda y gran carga de trabajo que enfrentan provoca, que en muchos casos, las víctimas se vean en la necesidad de contratar un abogado privado para poder dar seguimiento más expedito a sus procesos y esos gastos actualmente no están plenamente reconocidos en la legislación local’.

En concreto, cavila que la lucha contra la violencia no es fácil, no se resuelve de la noche a la mañana, pero ’también sabemos que nuestra tarea es cerrar filas contra la violencia y no dejar ningún resquicio que ampare a los agresores’.

Dice mi abuelita: ¡Qué horror el México que vivimos hoy!