Es la hora de la ética

El día primero de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines asumió el cargo de Presidente de la República. Verificada en el Palacio de la Bellas Artes, la ceremonia de toma de posesión se significó por una crítica sumamente severa respecto a la conducta moral del gobierno alemanista que concluía sus funciones. La decisión del nuevo presidente de combatir la corrupción prevaleciente en la administración pública fue categórica, terminante.

Como un transeúnte más, seis años después presencié los momentos en los que Ruiz Cortines abandonaba el recinto donde se celebró la ceremonia del toma de posesión de su sucesor, Adolfo López Mateos, y pude constatar las expresiones de afecto espontáneo de la gente hacia el sobrio expresidente quien disfrutó los últimos años de su vida en compañía de sus amigos cercanos en torno a una mesa de dominó en los portales del Puerto de Veracruz, ciudad donde falleció en 1973. Salvador Olmos, hijo del secretario privado de don Adolfo, me relató que para embalsamar su cuerpo, fue preciso que un militar del Estado Mayor le comprara una camisa nueva. Es la evocación de un presidente que murió en la honrada medianía, cuando la ética presidía la gestión pública.

¿Por qué el Presidente Peña, al principio de su gestión, no formuló un claro deslinde respecto a los dos gobiernos precedentes, cuyas acciones, omisiones, claudicaciones y corruptelas marcaron la gran debacle nacional? ¿Por qué no denunció que recibía un país en llamas a causa de una sangrienta “guerra no declarada” contra el narcotráfico, empleada como excusa cruenta para ocultar la incapacidad presidencial para gobernar? ¿Por qué no explicar la dramática situación de las finanzas públicas agobiadas por el despilfarro de los abundantes ingresos del petróleo y un creciente gasto asociado a una abultada burocracia de angora? ¿Por qué no denunciar los gigantescos negocios asociados con la inescrupulosa y agotadora explotación petrolera que condujo a la crisis actual? ¿Por qué tanta tolerancia ante la depredación de la República?

La actitud conciliadora del presidente Peña se ha justificado con el argumento de que, al no lograr un porcentaje de votación superior al 41%, (porcentaje que le permitiría la mayoría legislativa) se vio obligado a celebrar un acuerdo con las principales fuerzas partidistas para conseguir el respaldo de ambas Cámaras a efecto de llevar adelante las llamadas reformas “estructurales” especialmente la energética. Así nació el Pacto por México. El presidente Peña apostó su capital político a la reforma energética; todos los actos de su gobierno los supeditó al objetivo de internacionalizar la explotación de hidrocarburos al extremo de aceptar una reforma electoral heredada del gobierno precedente, contraria a sus compromisos de campaña.

Han trascurrido 26 meses, más de una tercera parte de su gestión y el saldo adverso es altamente preocupante. El interés trasnacional por los yacimientos de hidrocarburos mexicanos se va difuminando y la situación financiera se agrava. Y lo más delicado: se desdibuja el poder del Estado y cobran vigor los poderes fácticos que buscan someterlo a sus designios.

Desafiantes, unos grupos impunemente atracan las casetas de cobro de autopistas, incendian edificios públicos e inmuebles privados; otros, los más poderosos, reclaman privilegios. Estamos inmersos en un clima envenenado por la corrupción y desdibujado por la indiferencia gubernamental.

Obra de la propaganda pagada por la Secretaría de Hacienda, el “mexican moment” está acabado. La otrora entusiasta defensora de la privatización petrolera, la Revista británica The Economist, ahora suelta un zarpazo editorial feroz: “Peña no entiende que no entiende”. El obsequio de pantallas televisoras y el simple trascurso del tiempo no van restaurar la credibilidad en los gobernantes. Es una apuesta perdedora.

Ante el evidente fracaso, los profetas del neoliberalismo encumbrados en la OCDE, ahora recomiendan la “tercera generación” de reformas estructurales. Tras haber enajenado todos los activos públicos, pretender ahora la privatización de la seguridad y la justicia es una desfachatez. No se requieren más reformas: se precisa gobierno honesto. Es la hora de la ética.

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