Crimen organizado cierra Universidad

Nuevo Laredo, Tamaulipas. la Universidad del Valle de México ha tenido que cerrar sus puertas dado que no es capaz de garantizar la seguridad de su alumnado ni la integridad de su plantel de maestros; y lo mismo pudiera suceder también en Reynosa. Más allá del perjuicio que esto causa a los 700 alumnos, a los maestros y personal administrativo del campus de dicha universidad en Nuevo Laredo, el antecedente que esto impone es de una gravedad extrema.

En este caso el crimen organizado gana, gracias a las políticas de terror y amenazas que suelen emplear en este tipo de casos, pero México pierde. No se trata de un problema local en una ciudad tamaulipeca, se trata de un asunto que pone en entredicho la integridad de las autoridades gubernamentales de México y su incapacidad para garantizar uno de los más elementales derechos de la ciudadanía: el derecho a la educación.

Toda proporción guardada, esto nos hace recordar que no hace demasiados años, el 12 de junio de 1963, cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hubo de recurrir a la Guardia Nacional con el fin de garantizar la entrada a la Universidad de Alabama de los estudiantes negros Vivian Jones y James Hood, pese a las protestas de gente con una tradición de siglos de prejuicio racial y política segregacionista, incluyendo al mismo Gobernador del estado George Wallace. En aquella situación, la problemática era mucho más aguda pues se trataba de oponerse a usos y costumbres sureños con más de un siglo de estabilidad y permanencia en la mentalidad de la población. Eran tiempos en los que aún podían verse aquellos letreros infamantes de “Se prohíbe la entrada a negros, perros y mexicanos” en algunos establecimientos, lo que nos puede dar una idea de lo extraordinariamente difícil que resultaba imponer una política de no-segregación en las Universidades que, a partir de ese momento, admitieron estudiantes negros codo con codo con la tradicional población blanca. Mucho más difícil que lidiar con delincuentes del crimen organizado, en aquella ocasión se trataba de hacer prevalecer a la razón y los derechos humanos de ciudadanos libres de aquella nación, en contra de un pensamiento fuertemente arraigado entre los sureños, pese a la abolición de la esclavitud y las reiteradas campañas de políticas en favor de los Derechos civiles.

En el caso de Nuevo Laredo, la abdicación del gobierno para imponer un orden y garantizar el funcionamiento de la Universidad del Valle de México, es un signo inequívoco de ingobernabilidad, es el síntoma de un gobierno que no es capaz de actuar con la inteligencia y firmeza que el caso requiere. Si el crimen organizado es quien va a dictar las normas por las que la sociedad va a regularse, si los cárteles son los que han de determinar la manera cómo y bajo que parámetros van a funcionar las instituciones educativas -u otras cualquiera que al narco se le ponga en la mira en cualquier momento- la nación entera deja de ser un Estado de Derecho, como tanto se cacarea en los anuncios auto-promocionales del gobierno, y ha pasado a ser un país regido por el crimen y la ley de la selva. El retroceso social es total y nos coloca en el nivel de un primitivismo de graves consecuencias.

Si la tuvieran, las autoridades deberían de sentir vergüenza de que hayan ocurrido estas cosas en Nuevo Laredo. Es vergonzoso que la Universidad haya tenido que someterse, cerrando el plantel, al crimen organizado y que no haya podido recurrir a la protección de las fuerzas gubernamentales que, actuando con eficacia e inteligencia, tienen la obligación -o deberían tenerla- de garantizar el adecuado funcionamiento de todo el entramado social.

En estricto sentido, la lección de Nuevo Laredo es que ya no necesitamos que el narco infiltre los partidos políticos. Ellos mismos ya se están encargando de establecer las formas en las que la sociedad debe comportarse. El único obstáculo somos los ciudadanos de a pié, que probablemente no estemos de acuerdo en que México sea un “país narco”.