Justo May Correa |
enbocaspalabras
Congreso de Quintana Roo elimina requisitos de origen y residencia para ser Fiscal General y desata una tormenta jurídica
No es saludable desdeñar el vínculo jurídico-político con el estado y es equivocada la voluntad del legislador al equiparar la norma local con la que impone la selección del Fiscal General de la Nación, afirma la diputada priista Leslie Hendricks Rubio
El Congreso de Quintana Roo eliminó del artículo 96 constitucional los requisitos de origen y residencia mínima de cinco años para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, una reforma por la que demostró abierta simpatía el gobernador Carlos Joaquín González, pero que fue inmediatamente criticada por amplios sectores de la antigua clase política y rechazada por la diputada priista Leslie Hendricks Rubio, hija del ex gobernador también priista Joaquín Hendricks Díaz, que apoyó públicamente la campaña política del hoy gobernador por la coalición PAN-PRD-MC para sacar al Revolucionario Institucional del Palacio de Gobierno de Chetumal.
’Creo que (los diputados) dejaron algo muy importante: que (el Fiscal) debe ser mexicano y nacido en México’, bromeó Carlos Cardín Pérez, ex presidente del PRI estatal y ex alcalde de Cancún. Agregó: ’¿Saben lo que más duele? Que usaron para meter la iniciativa a Chucho Cetina (panista), a Chucho panucho de Cozumel, que es nativo de Quintana Roo, y usaron al maltrecho diputado (Eduardo) Martínez Arcila (panista, presidente de la Gran Comisión) para justificar que también es nacido en Quintana Roo y de familia quintanarroense de abolengo. Martínez Arcila es hijo de Lorenzo Martínez Ross, La Boa, hermano del exgobernador (priista) Jesús Martínez Ross’.
La Fiscalía ha transitado por camino tortuoso desde que desapareció la figura del Procurador General de Justicia del Estado. El sábado 25 de junio de 2016, en los estertores de la administración priista Borge Angulo, y veinte días después de las elecciones por la gubernatura del 5 de junio que ganó por el PAN-PRD-MC Carlos Joaquín, los diputados de la XIV legislatura designaron Fiscal General del Estado a Alfredo Álvarez Escalera, en una sesión celebrada en el Salón Fuego del hotel Royalton, en la Riviera Maya, lejos de su sede en Chetumal rodeada de protestas por el malestar que generaba la construcción de un llamado ’paquete de impunidad’ del mandatario saliente.
Empero, el Fiscal de Borge dejó el cargo, víctima de las presiones, el 9 de diciembre de 2016, luego de que el 25 de septiembre había tomado posesión un nuevo mandatario no priista, Carlos Joaquín, y por tanto, decidido a perseguir las irregularidades cometidas por Roberto Borge Angulo, actualmente en prisión. El 21 de diciembre de 2016 la XV legislatura designó a Miguel Ángel Pech nuevo Fiscal, con resultados tan desastrosos que el 26 de septiembre último abandonó el puesto que por el momento continúa vacante. Los índices de violencia se incrementaron, sobre todo en la zona norte del estado, durante el tiempo de su encargo.
Aparentemente el gobernador Carlos Joaquín González es partidario de que el nuevo Fiscal sea una persona ajena al estado de Quintana Roo, sin intereses locales, dado que es evidente que los expedientes del Caso Borge por alguna razón no han avanzado como lo hubiera querido. En tal tesitura, el Congreso modificó este miércoles la Constitución para dar paso a un Fiscal foráneo.
No debe desdeñarse el vínculo jurídico-político que debe cubrir el nuevo Fiscal: Leslie Hednricks
Al considerar que quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado debe mantener un vínculo jurídico-político con Quintana Roo, la diputada Leslie Hendricks Rubio votó en contra de las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo que eliminan el requisito de ser originario del estado y de residencia para ocupar dicho cargo. Hendricks Rubio consideró que así se pasa por alto la necesidad de que exista un vínculo jurídico-político con el estado para desempeñar esa responsabilidad.
“Si bien este Congreso como órgano revisor de la Constitución del Estado tiene la libertad de configuración normativa en torno al procedimiento para designar al titular de la Fiscalía General del Estado, así como con respecto a los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a esa responsabilidad, de la Constitución General de la República derivan los principios básicos para el ejercicio de esa libertad”, afirmó.
Precisó que esos principios son: el respeto a la pluralidad y los derechos de las minorías en el desahogo de las propuestas, deliberaciones y las votaciones para designar al Fiscal General del Estado, y el establecimiento de requisitos mínimos de vinculación con la comunidad de quienes aspiran a desempeñar esa función.
“Estamos hablando de ser nativo con mínimo de residencia efectiva o haber adquirido la ciudadanía de Quintana Roo y tener un mínimo de residencia efectiva, que no debe ser menos de dos años anteriores a la designación”, indicó. Hendricks Rubio precisó que con la aprobación de estas modificaciones a la Constitución no se cumple con el requisito de mínima vinculación con la comunidad.
Resulta aún más grave abrir esta convocatoria a cualquier mexicano, pues la mayoría de la documentación que los aspirantes deben presentar para acreditar sus competencias y habilidades, su probidad y honradez, es mediante la exhibición de cartas bajo protesta de decir verdad. “Cómo podríamos cotejar y verificar dicha documentación”, cuestionó.
Homologar el procedimiento con el del Fiscal General de la República resulta también fuera de proporción por el evidente grado de responsabilidad que es tan diferente en un caso estatal en comparación con ese mismo cargo a nivel federal.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, no es posible equiparar el caso del nombramiento del Secretario de Seguridad Pública con los criterios para el nombramiento del Fiscal, pues el primero es una facultad exclusiva del Ejecutivo pero en el segundo tiene responsabilidad también el Legislativo, quién, como ámbito de la representación popular local, ha de velar por la vinculación jurídico-política del Fiscal con la entidad federativa.
Leslie Hendricks destacó que dada la situación de inseguridad que priva en el estado y que es evidente la disposición e interés de las autoridades en la materia, como se manifestó con la llegada de policías militares al municipio de Benito Juárez, en el nombramiento del Fiscal General debe potenciarse y efectuarse al amparo del cumplimiento expreso de la Constitución, pues su legalidad y trascendencia no puede estar sometida al escrutinio social bajo un señalamiento de violación constitucional.
“Quintana Roo debe ser capaz de egresar profesionistas con la suficiente capacidad y el perfil requerido para poder ser postulados para cualquiera de los cargos a los que convoque el Congreso Estatal”, subrayó.
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