La violencia criminal que mantiene aterrorizada a la población porteña parece haber dado un salto evolutivo hacia una nueva faceta que tiene mucho parecido con el terrorismo, y que debiera ser tratado como tal.

Lo que hemos visto en últimas fechas pareciera un mayor envilecimiento -si es que esto es posible- de las tácticas de los grupos criminales que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, mantienen colapsada la economía del puerto de Acapulco además del obvio terror que han inferido en la comunidad acapulqueña.

Aunque las cifras de la matanza en el puerto mantienen un número sostenido, el caso es que muchas, muchísimas familias, han resentido el impacto de la violencia criminal que en los últimos tres años ha enlutado a miles.

De acuerdo con un recuento elaborado por la Agencia Periodística de Investigación (API), durante los tres años de gestión de Evodio Velázquez Aguirre un total de 2 mil 670 personas fueron asesinadas en el puerto de Acapulco.

Esa horrísona mortandad -que, recordemos, sólo se circunscribe al puerto de Acapulco-
se subdivide de divide de la siguiente manera:

-En 2015 (octubre-diciembre) los criminales cometieron un total de 240 asesinatos.
-En 2016 la cifra ascendió a 944 homicidios.
-En 2017 se cometieron 846 asesinatos.
-En 2018 (enero-septiembre) se produjeron 640 homicidios.
A los homicidios cometidos durante el periodo (¿de gobierno?) de Velázquez Aguirre -es decir, los 2 mil 670 asesinatos-, habrá que sumar los 75 crímenes cometidos en el último mes, entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre últimos, entre ellos los de al menos una decena de mujeres.

El resultado final es de 2 mil 745 asesinatos de personas ultimadas brutalmente, la gran mayoría inocentes que murieron porque no quisieron o no tuvieron para pagar la cuota exigida por los asesinos, o simplemente porque estuvieron en el lugar y el momento equivocados. Esto nos arroja un promedio mensual de 74 homicidios dolosos por mes. ¿Acaso lo merece la comunidad acapulqueña?
Y aunque las autoridades manejan un discurso que minimiza el saldo rojo de la matanza, las familias afectadas no parecen compartir esa tranquilidad porque no sólo son agraviados los directamente involucrados: está agraviada la sociedad entera.

En el contexto nacional las cosas no pintan mejor: al primero de noviembre de 2018 se han cometido en el país 13 mil 026 crímenes, cifra que rebasa casi con 500 casos los 12 mil 532 asesinatos cometidos en todo el año 2017. Y eso que todavía faltan dos meses completos para que el año termine.

Y adivinen, amigos lectores: en el anterior mes de octubre la mitad de los homicidios de todo el país se concentraron en cinco estados, principalmente Guanajuato, Baja California y Guerrero. Es decir que el mes pasado Guerrero se ubicó en el tercer lugar nacional en incidencia de homicidios dolosos.

Cabe aclarar que todos estos datos fueron extraídos de las cifras oficiales que aporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esto es, que se no trata de reportes sensacionalistas de prensa, como pudieran algunos pensar.

En contraste, si hacemos caso a Santiago Roel, el director de la ONG Semáforo Delictivo, la cifra real de homicidios se sitúa en un total de 21 mil 283 homicidios en lo que va del año que representan un incremento del 18 por ciento respecto del año anterior, ’por lo que se anticipa que 2018 será el peor año en la historia de la seguridad con más de 28 mil homicidios’.

Como quiera que sea, tal parece que 2018 es el año más violento de los tiempos recientes. Es decir, estaríamos ante un año verdaderamente fatal que ha generado un ambiente de preguerra no sólo en el puerto, sino en toda la entidad.

En el entorno local, aunque la media de asesinatos en Acapulco se ha mantenido en 74 casos cada mes, de ningún modo debiera ser motivo de justificación o pretexto para las autoridades de Guerrero y, por extensión, del municipio de Acapulco, porque en los hechos se trata de una masacre contra la población civil.

La situación es verdaderamente grave en especial porque los grupos criminales han comenzado a incursionar en una suerte de agresiones armadas que mucho se parecen a las tácticas terroristas, en agravio de la población toda.

En realidad, como mencionamos al principio, estamos ante un salto evolutivo de las bandas o grupos criminales que con ello buscan generar terror entre la comunidad, a la cual miran sólo como un blanco para la expoliación. Es por eso que se han convertido, desde hace tiempo ya, en una verdadera amenaza para la seguridad nacional, con todo lo que ello implica.

Por citar sólo un aspecto de la problemática, los grupos criminales han incendiado 120 vehículos en lo que va del año tan sólo en el puerto de Acapulco. Entre los vehículos quemados figuran unidades del transporte público -taxis, camiones, urvans-, con lo cual han afectado sensiblemente la movilidad pública. También han prendido fuego a vehículos propiedad de grandes empresas, sin dejar de lado los particulares.

Otra modalidad de incursión son los cobros a casas-habitación, que primero se habían presentado en la periferia del puerto pero que ahora se han extendido inclusive hasta en las principales colonias urbanas. Eso explicaría el ametrallamiento constante contra domicilios particulares, sin contar los incendios de negocios que se niegan a pagar la cuota.

A este escenario debemos que agregar los secuestros de mujeres de diferentes edades, aunque la mayoría siguen siendo jóvenes adolescentes. El hecho de que esos secuestros no sean reportados a la Fiscalía General del Estado, no significa que no ocurran.

En ese sentido han surgido datos preocupantes de que, en estos momentos, hay por lo menos una decena de muchachas desaparecidas, lo que debiera ser motivo de preocupación para las autoridades ministeriales.

Pero quizá lo más anárquico de la situación es el choque constante de las pandillas entre sí o con la fuerza pública. Destacan en este contexto los claros desafíos a las autoridades.
Pero, ¿cómo es que llegamos a este extremo?

Adelantamos aquí una hipótesis probable: en septiembre de 2010 un grupo de visitantes provenientes de Michoacán fue confundido con enemigos de la Familia Michoacana por los maleantes que se sentían dueños de la plaza y, por ende, fueron secuestrados y ejecutados.

La masacre de los 21 michoacanos -que en realidad eran trabajadores de una cooperativa con sede en Morelia- provocó rupturas entre los narcos locales y sus socios sinaloenses, lo que terminó con la disociación de los primeros que crearon entonces el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

Comenzó entonces una batalla brutal -que se extendió a todo lo largo de 2011- por el control de la plaza entre los narcos locales y su exsocios de Sinaloa, comandados entonces por Cristian Hernández Tarín, fundador del grupo delictivo conocido como La Barredora y su Comando del Diablo.

En los hechos los asesinos de este grupo criminal actuaban respaldados por Joaquín El Chapo Guzmán mientras que sus enemigos del CIDA contaban con el respaldo del clan Beltrán Leyva. Esa confrontación ensangrentó las calles de Acapulco, al extremo de que la incidencia delictiva se disparó en 370 por ciento respecto del año anterior.

Con el tiempo hubo reacomodos entre los grupos criminales, lo que causó que el CIDA se convirtiera en una alianza de grupos en tanto los remanentes del grupo Beltrán Leyva hicieron lo propio. Lo que tenemos ahora son choques permanentes entre los matones del CIDA, un grupo residual de los Beltrán Leyva y múltiples pequeñas bandas independientes que han surgido al calor de la confusión y la impunidad.

El resultado es que, de ser una estructura monolítica, el CIDA es ahora una sucesión de grupos dispersos por toda la geografía del municipio que pelean entre sí por el control de la plaza. A ello hay que agregar las incursiones de un pequeño grupo de los BL y, finalmente, un evidente fortalecimiento de las pequeñas bandas locales, conocidas como ’chapulines’ en el caló delincuencial.

Una de esas nuevas bandas criminales, que se hacen llamar Los Amarillos, es la que ahora reta a los cidosos y los beltranes en el área de Puerto Marqués y la Zona Diamante. Esos bandidos son, con bastante probabilidad, quienes asesinaron al reportero Gabriel Soriano Kuri y, un día después, mandaron una amenaza contra periodistas y gobierno.

El homicidio contó con la complicidad de policías que se retiraron de un crucero estratégico, en el que siempre hay presencia policiaca, para abrir cancha a los asesinos. Eso resulta bastante obvio. De ese nivel está la infiltración criminal en las corporaciones policiacas.

Esta nueva oleada de violencia cuasi terrorista comenzó en fecha muy reciente, tal como la identifica Julio Zenón Flores en un artículo de manufactura reciente (Acapulco ¿una ciudad ingobernable?), quien ubica el 10 de septiembre como el momento en que arrancó una serie de ataques contra paraderos de vehículos del transporte público con los consiguientes asesinatos de inocentes.

Es, pues, un escenario complicado y sangriento, muy cercano al terrorismo, el que tienen que afrontar ahora tanto el gobierno de Adela Román como la nueva administración federal que arrancará funciones el próximo primero de diciembre. Por desgracia, frente a este escenario de violencia no parece haber una solución viable en el corto y mediano plazo.