En un entorno político de confusiones, de cambios en la conducción presidencial, de reacomodos de los grupos de poder priístas locales, de saturación de conflictos sociales en la prospectiva de los necesarios ajustes a la agenda pública, aparece la violencia como parte inherente a todo lo anterior. Pero si se mira bien, puede estar ligada justamente, a los escenarios de impredecibilidad que mantienen en jaque al propio titular del ejecutivo estatal. Hay que pulsarlos para entenderlos mejor.

JAQUE POLÍTICO DELIBERADO.- Al gobierno estatal, las Policías Comunitarias siempre lo han mantenido en jaque político. Prácticamente, desde que Héctor Astudillo, arribó como gobernante. Pero los escenarios de los últimos días estarían abriendo otro tipo de negociaciones. Se leen así: 1.- El presidente López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional -tras una consulta a la población-, como antesala de la implementación de una eventual Policía Nacional. El domingo 2 de diciembre mandó a Guerrero mil 950 elementos de la Marina, el Ejército y la policía Federal, con el fin de hacerse cargo de la seguridad pública en las siete regiones de la entidad. Siete días después y durante un enfrentamiento a balazos entre presuntos miembros del grupo delictivo Guardia Guerrerense y policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la comunidad del Camalotito municipio de Petatlán, fallecieron seis personas. Como consecuencia del enfrentamiento, los de la UPOEG sometieron y desarmaron a todos los elementos de la Policía Preventiva Municipal. Actuaron como si la Ley les permitiera realizar labores de Policía Investigadora. Luego, el Ejército desarmó a 50 comunitarios. El miércoles por

la madrugada, un grupo delictivo atacó a balazos un puesto de control de la UPOEG en ese municipio. En este rejuego delictivo ya no se sabe en realidad, quiénes son los buenos y quiénes los malos. Lo único cierto es que el gobierno estatal se limitó a informar de los hechos a través del vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia. 2.- Apenas se enteraron del enfrentamiento en Petatlán, otro grupo de ’policías ciudadanos’ del municipio de Tecpan de Galeana, instalaron un retén en la carretera Acapulco-Zihuatanejo para informar que no permitirían la entrada de la UPOEG a ese municipio. Acusaron que el gobierno estatal ’ha sido rebasado en sus funciones por las acciones de grupos delictivos que alteran la paz y armonía de la sociedad’. Así, la autodenominada Alianza de Autodefensa Ciudadana, retó no solo a la UPOEG, sino al gobierno estatal y al federal. Justo en el momento en que el secretario de seguridad nacional, Alfonso Durazo Montaño -ex vocero y exsecretario particular del expresidente panista Vicente Fox-, aseguraba que ’nadie podrá decir ya más que México es una tierra de nadie’. Los hechos que son tercos terminaron desmintiéndolo. 3.- Inexplicablemente, la UPOEG irrumpió en el municipio de Petatlán. No avisó a nadie: ni al gobierno municipal ni al estatal. Actúo libremente y fuera de un territorio que no está dentro de su jurisdicción. Y así lo ha hecho siempre. No tiene límites. Actúa y opera ya en más de 40 municipio de los 81 que conforman la geografía guerrerense. El punto que perturba es uno solo: ¿Por qué se movilizó a ese municipio sin consultar a ninguna autoridad competente? ¿Es que acaso tiene intereses inconfesables en aquel municipio de la Costa Grande? ¿Era necesario ir a buscar a los grupos delictivos de esa región -una acción que escasamente realiza el propio gobierno estatal- y enfrentarse a balazos, a sabiendas que ya están desplegados por esos lares los miembros de la Guardia Nacional que AMLO envió el domingo 2 de diciembre? Es claro que, más allá de lo que podría evaluarse como ’una acción en contra de la inseguridad’, la

UPOEG aparece movilizada justamente, en el contexto en que la Guardia Nacional comienza a trabajar en materia de seguridad por toda la entidad. ¿Coincidencia o casualidad? Bruno Plácido pudo movilizarse bajo consigna política precisa. Y está obligado a transparentar y explicar convincentemente, las ’poderosas razones’ que tuvo para ir a generar violencia a Petatlán. Ese es el punto.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El alcalde de Chilpancingo, el perredista Antonio Gaspar Beltrán, anunció que se llevará a barandilla a todos aquellos ciudadanos que sorprenda tirando bolsas de basura en las calles. Y desde luego, les cobrará la multa respectiva. Esa mano dura es buena, pero sería aun mejor si la aplica contra la inseguridad y no nada más en los asuntos que le convienen. Apenas ayer jueves, asesinaron a una persona a un costado de la iglesia Santa María de la Asunción, en pleno corazón de la capital. ¿A quién se llevó a barandilla el edil? Es claro que es selectivo como autoridad. Y no puede.