A cambio de mantener su ingreso, Poder Judicial blindaría a Peña Nieto para no ser encarcelado


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A cambio de mantener su ingreso, Poder Judicial blindaría a Peña Nieto para no ser encarcelado

Política

Noviembre 01, 2018 17:08 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó frenar cualquier investigación o proceso legal del gobierno de Chihuahua en contra del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, o cualquiera de los integrantes de su gabinete.

El blindaje sin embargo, se da mientras el Poder Judicial se rehúsa a bajar el sueldo como lo estableció Andrés Manuel López Obrador.

"Siguiendo los precedentes del Tribunal Pleno en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, consistente en determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local. La admisión no prejuzga sobre si lo que se ha demandado es o no inconstitucional", se lee en un comunicado de la Suprema Corte.

El presidente Peña Nieto presentó una controversia constitucional ante las advertencias del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respecto a que lo llevaría a la cárcel una vez que concluyera su mandato.

Corral acusó al aún presidente de la República de haber participado en los desvíos de recursos de Alejandro Gutiérrez, exsecretario del PRI en Chihuahua, y el exgobernador de ese estado, César Duarte.

Es de destacar que es la primera vez en la historia del país que el presidente de la República presenta y se le admite en la Suprema Corte un recurso de esta naturaleza, con la que busca protegerse de posibles actos legales a futuro.

"Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales", complementó la Suprema Corte.

Este recurso fue presentado por el consejero jurídico de la Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, y en éste se pidió protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración contra el presidente y su gabinete.

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